Lady PROFECO.

Una joven, aprovechándose del puesto de su padre en una dependencia de gobierno, comete un acto de arbitrariedad: le ordena a varios empleados, a cargo de su progenitor que clausuren un comercio porque se sintió ofendida del trato que le dieron.
Dado que los sucesos se divulgaron por la Internet, se hizo suficiente presión social para evitar el cierre del negocio y el gobierno sancionó a los funcionarios que participaron en el acto arbitrario. De hecho, según creo, se sancionó de más.
Mis padres no son responsables de mis actos. Y si ellos tienen empleados a su cargo y éstos cometen un delito obedeciéndome, tampoco son responsables de los actos de sus empleados. Sin embargo, Humberto Benítez Treviño perdió su empleo cuando se le hizo responsable de los actos de su hija. ¿Y la sociedad? Feliz, viendo caer al chivo expiatorio.
Me explico: la sociedad, al menos una parte de quienes tienen acceso a la Internet, hicieron tal presión social que el Gobierno Federal actuó de forma inmediata. Pero cuando se dio un acto de abuso en el castigo al titular de la dependencia, nadie hizo nada para señalar que él era inocente. Hasta donde entiendo, no era culpable de los actos de su hija y no era culpable de los actos de sus subordinados, pero perdió el empleo por ello. Nadie salió en su defensa en las redes sociales.
Es más, la joven causante de este atropello sólo tuvo que disculparse brevemente y por escrito  (menos de ciento treinta caracteres). Si acaso, se tuvo que enfrentar en privado a su padre desempleado. Sin embargo, la sociedad consideró correcto castigo que su padre perdiera el empleo.
Se puede alegar que el desempleo no duró mucho, que el entonces afectado es hoy presidente de la Fundación UAEMex y que su familia tiene recursos suficientes como para tomarse unas vacaciones forzadas de varios meses. Pero hago hincapié en el hecho de que la sociedad no consideró que los padres no son responsables de los actos de sus hijos.
Sin embargo, se puede argumentar que Benítez Treviño sí era responsable de los actos de sus empleados: era su jefe y debía responder por los actos de las personas a su cargo. ¿En serio? Entonces, si yo robo en mi lugar de trabajo, ¿despiden a mi jefe por no vigilarme? Mi jefe será responsable de mis actos en el momento en que me de una orden directa, me ordene seguir un procedimiento que implique cometer un delito o sabiendo del delito no me denuncie. Seremos corresponsables.
Pero, de otra forma, yo seré responsable de mis actos y él hará lo propio. En este caso, el problema consiste en pensar que el jefe debe comportarse como tutor del empleado. No se concibe que ambos son adultos, tienen responsabilidades y pueden tomar decisiones propias. En otras palabras, se cree que el jefe debe cuidar al personal a su cargo como si fueran menores de edad.
Son cargos públicos y se cuida la imagen de la dependencia, dirán varios. Porque los ciudadanos permitimos eso, los políticos pueden colocar en el cargo a sus amigos, conocidos, familiares y recomendados. Sólo se trata de rentar la cara un rato, pasearse como modelo. Si Benitez Treviño hubiera llegado al cargo por merito propio entonces se podría revisar si existen antecedentes similares en su trayectoria y emitir un juicio sobre bases, no sobre el criterio de “necesitamos otra cara para la dependencia”.
En otras palabras, los ciudadanos somos responsables de nuestros actos y dudo mucho de que las personas que mandaron mensajes por la Internet denunciando se detuvieran a pensar en lo anterior.
Es necesario hacer énfasis en el caso porque en un país donde se dan arbitrariedades todos los días, es importante saber distinguir cuándo nosotros somos participes de ellas.
Escrito el 27 de Abril de 2014